Es el conjunto de normas basadas en valores y principios culturales, que regulan la vida social en la comunidad, por ende, el Convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, abrieron importantes espacios, ya que, su puesta en marcha implica diversas opciones, como el nombramiento de jueces de paz ordinarios o el cese del funcionamiento de la policía y juzgados en los territorios indígenas.
Existen casos donde los indígenas han llegado a acuerdos con el Estado, empleando como sanción la pena de cárcel, además puede derivar, para que la Justicia Ordinaria realice el juicio, pero manteniendo su atributo de decidir cuál será la sanción. En Bolivia, la Constitución Nacional reconoce la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), otorgándole la misma jerarquía que la justicia ordinaria.
Las decisiones de la justicia indígena tienen fuerza de sentencias y toda autoridad pública o persona debe acatarlas, donde los límites están dados por el derecho a la vida, el respeto a los humanos y las garantías consagradas en la Constitución.